**La iniciativa busca consolidar el segundo piso de la transformación mediante la eliminación de fideicomisos opacos y el fortalecimiento de la participación ciudadana.
Ciudad de México a 17 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los detalles del nuevo “Plan B” de la reforma electoral, una pieza clave para la consolidación de la Cuarta Transformación. Esta propuesta no es solo un ajuste administrativo, sino una reingeniería profunda que busca que las instituciones electorales dejen de ser cotos de poder y se conviertan en verdaderos instrumentos al servicio del pueblo.
La reforma tiene un alcance nacional que impactará directamente en la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los tribunales electorales. El objetivo es llevar la Austeridad Republicana al corazón de la burocracia dorada. El Plan B llega hasta la raíz del gasto público, proponiendo una reducción drástica en la operatividad sin poner en riesgo la certeza de las elecciones.
En estados como Oaxaca, donde la democracia comunitaria es un pilar, esta reforma resuena con fuerza al proponer modelos más esbeltos y menos costosos, permitiendo que el presupuesto que antes se perdía en lujos de oficina se libere para las necesidades más apremiantes de las comunidades.

¿Qué incluye específicamente el nuevo Plan B?
La iniciativa presentada por la Presidenta incluye puntos fundamentales para la vida pública de México:
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Adiós a los privilegios: Se incluye la eliminación de fideicomisos que permitían el ahorro de recursos públicos para fines privados de los altos funcionarios. Nadie en el sistema electoral podrá ganar más que la Presidenta.
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Compactación de estructuras: Se propone la fusión de direcciones y áreas administrativas que duplican funciones, optimizando el aparato burocrático para hacerlo más ágil.
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Democracia Participativa: El Plan B fortalece las consultas populares y los mecanismos de revocación de mandato, bajando los umbrales necesarios para que estas decisiones sean vinculantes.
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Voto para grupos vulnerables: Incluye medidas afirmativas para garantizar que los pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad tengan espacios asegurados y voz en la toma de decisiones.
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Justicia Social Presupuestaria: Se establece que los ahorros generados (estimados en miles de millones de pesos) sean reorientados a programas de bienestar y educación, devolviéndole al pueblo lo que por derecho le pertenece.
Con estas medidas, el Gobierno de la Transformación busca asegurar que el sistema electoral sea transparente, austero y, sobre todo, que responda a los intereses de la nación y no a las agendas de los partidos tradicionales y sus aliados.





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