La Presidenta señaló que México mantiene colaboración con organismos internacionales y defiende su propia estrategia de búsqueda.
Ciudad de México, 23 de septiembre de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó que México mantiene abiertos los canales de cooperación internacional con Naciones Unidas para atender el problema de las desapariciones, en medio del análisis que realizará la Asamblea General de la ONU sobre la situación del país. Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el gobierno mexicano trabaja con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unesco y otros organismos del sistema de Naciones Unidas en distintos temas relacionados con derechos humanos y, particularmente, con la búsqueda de personas desaparecidas.
Al ser cuestionada sobre si México aceptaría eventualmente una resolución de la Asamblea General, Sheinbaum respondió que dependerá del contenido de la resolución, pero aclaró que la relación con organismos internacionales no se limita a aceptar o rechazar un documento. “Tenemos colaboración internacional”, sostuvo al referirse a los distintos mecanismos de cooperación que ya existen. La declaración ocurre después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas solicitara llevar la situación de México ante la Asamblea General mediante el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El procedimiento previsto en ese artículo puede utilizarse cuando el Comité considera que existen indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático. La decisión adoptada por el organismo forma parte de un proceso de seguimiento que Naciones Unidas mantiene con México en materia de desaparición forzada. El gobierno mexicano ha cuestionado las conclusiones del Comité. Sheinbaum explicó que la administración federal rechazó el primer informe porque, desde su perspectiva, no tomó suficientemente en cuenta las acciones emprendidas durante su gobierno para fortalecer la búsqueda y atención de las víctimas.
Entre las medidas mencionadas por la Presidenta se encuentran cambios legales, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, una alerta nacional y una mayor atención a los colectivos de familiares que buscan a personas desaparecidas. También ha señalado que su administración trabaja en mejorar el registro de personas desaparecidas y fortalecer la coordinación con las fiscalías. Uno de los principales puntos de diferencia está en la caracterización del fenómeno. Sheinbaum sostiene que actualmente una parte importante de las desapariciones en México está relacionada con la delincuencia organizada y distingue este escenario de las desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado.
La Convención de Naciones Unidas, en cambio, define la desaparición forzada como la privación de libertad cometida por agentes del Estado, o por personas o grupos que actúan con autorización, apoyo o aquiescencia estatal, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona. El debate ha generado diferencias públicas entre el gobierno mexicano y el Comité. En abril, el presidente de este órgano, Juan Pablo Albán, señaló que el desacuerdo con sus conclusiones es legítimo, pero defendió que el Comité forma parte del sistema de Naciones Unidas y que su función es supervisar el cumplimiento de la Convención internacional.
Al mismo tiempo, la cooperación entre México y organismos internacionales no se ha suspendido. En abril, Sheinbaum informó que durante una reunión con representantes de Naciones Unidas se acordó abrir canales de colaboración en distintos temas, entre ellos desapariciones, protección de activistas y derechos de los pueblos indígenas. La administración federal también ha colocado la búsqueda de personas desaparecidas entre sus prioridades legislativas. La propuesta de reforma presentada por el gobierno contempla fortalecer los registros y bases de datos, establecer alertas inmediatas, incorporar a familiares en los procesos de búsqueda, aumentar recursos para las comisiones especializadas y garantizar que las denuncias generen carpetas de investigación de manera inmediata.
Otro de los retos señalados por el gobierno es la identificación de personas fallecidas que permanecen sin identificar. Sheinbaum informó recientemente que se trabaja con la Fiscalía General de la República para acelerar estos procesos y mejorar la información disponible sobre personas desaparecidas y no localizadas. La discusión que llegará a la Asamblea General coloca nuevamente a México frente a un problema que involucra tanto a las instituciones nacionales como a organismos internacionales y, de manera central, a las familias que continúan buscando a sus seres queridos.
Para el gobierno federal, la cooperación internacional forma parte de la estrategia para atender el fenómeno, aunque ello no significa aceptar automáticamente todas las conclusiones de los organismos externos. La postura de Sheinbaum es mantener abiertos los canales de colaboración y, al mismo tiempo, defender las acciones que México ha implementado para fortalecer la búsqueda, investigación e identificación de personas desaparecidas. El siguiente paso será conocer el tratamiento que la Asamblea General dará al tema y las recomendaciones o mecanismos que eventualmente se planteen. Mientras tanto, el gobierno mexicano sostiene que continuará trabajando con Naciones Unidas y otros organismos internacionales, pero bajo una estrategia nacional enfocada en la búsqueda de personas, la atención a las familias y el fortalecimiento de las instituciones responsables.





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