Impulsa Claudia Sheinbaum iniciativa para homologar el delito de feminicidio en todo el país

**La propuesta establece penas de hasta 70 años de prisión y unifica la investigación y sanción de este delito en las 32 entidades.

Ciudad de México, 15 de julio de 2026. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó este miércoles la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, una propuesta que busca homologar en todo el país la definición del delito, las sanciones, los protocolos de investigación y los mecanismos de atención a las víctimas, con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia y reducir la impunidad en los casos de violencia feminicida. La iniciativa será enviada al Senado de la República para su análisis y eventual discusión. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que la protección de los derechos de las mujeres constituye una prioridad de su administración y sostuvo que el objetivo de la reforma es garantizar que todas las autoridades del país actúen bajo los mismos criterios jurídicos frente a este delito. La propuesta responde a la reciente reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para expedir una legislación general en materia de feminicidio, con el fin de eliminar las diferencias existentes entre los códigos penales estatales.

La iniciativa plantea establecer una pena general de 50 a 70 años de prisión para quien prive de la vida a una mujer por razones de género, además de incorporar 19 circunstancias agravantes que permitirán incrementar la sanción cuando la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos, integrante de un pueblo indígena, afromexicana o migrante, entre otros supuestos. Uno de los aspectos centrales de la propuesta consiste en homologar el tipo penal en las 32 entidades federativas. Actualmente existen diferencias importantes en la manera en que los estados definen el feminicidio, las razones de género que deben acreditarse y las penas aplicables, lo que ha generado criterios distintos para investigar y sancionar estos casos. Con la nueva legislación se busca que todas las fiscalías del país actúen bajo parámetros comunes y que ninguna muerte violenta de una mujer quede sin ser investigada con perspectiva de género.

La iniciativa establece además que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, conforme a estándares nacionales de actuación. Posteriormente, durante el desarrollo de la investigación, las autoridades determinarán si existen elementos suficientes para acreditar el delito conforme a los criterios establecidos en la ley. El objetivo es fortalecer las investigaciones desde el primer momento y evitar omisiones que puedan afectar el acceso a la justicia. El proyecto también contempla la creación de protocolos homologados de investigación, el fortalecimiento de las fiscalías especializadas, mecanismos de coordinación entre autoridades federales y estatales, así como medidas para garantizar la reparación integral del daño a las víctimas indirectas. Entre las nuevas disposiciones se encuentra la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, con el propósito de brindar seguimiento institucional y garantizar atención a quienes pierden a sus madres como consecuencia de este delito.

Durante la presentación de la iniciativa, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal explicó que la propuesta también incorpora diez razones de género que permitirán acreditar el delito de feminicidio bajo criterios uniformes en todo el territorio nacional. Asimismo, contempla medidas para fortalecer la capacitación de ministerios públicos, policías de investigación y peritos especializados, con el fin de mejorar la calidad de las investigaciones y reducir los índices de impunidad. Especialistas en derecho penal y derechos humanos han señalado que la homologación legislativa puede contribuir a reducir las diferencias en la procuración de justicia entre las entidades federativas, facilitar la coordinación institucional y ofrecer mayor certeza jurídica tanto a las autoridades encargadas de investigar como a las víctimas y sus familias. También consideran que la unificación de protocolos permitirá fortalecer la recopilación de evidencia y la judicialización de los casos.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el marco jurídico para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. En los últimos años, el Congreso de la Unión ha aprobado diversas reformas relacionadas con la violencia de género, la protección de las víctimas y el fortalecimiento de los mecanismos de investigación, mientras que distintas entidades federativas han armonizado sus legislaciones conforme a estándares nacionales e internacionales. Con la firma de esta iniciativa, el Gobierno de México busca avanzar hacia un marco legal uniforme que permita investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio bajo criterios comunes en todo el país. De ser aprobada por el Congreso de la Unión, la nueva legislación establecerá un modelo nacional para la prevención y persecución de este delito, con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y garantizar una actuación coordinada de las instituciones encargadas de proteger los derechos de las mujeres.