El presidente ordenó a las fuerzas armadas llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional.
El decreto estará en vigor durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años. De hecho, se establece como fecha de vigencia el 27 de marzo de 2024.
La Guardia Nacional fue una corporación creada para hacer frente a los altos niveles de inseguridad que prevalecen en el país desde hace años. El gobierno ha dicho que los indicadores de violencia se encuentran dentro de una “línea de contención”, no obstante marzo se convirtió en el mes con más homicidios de esta administración al registrarse 3,078 casos.
Hasta el 15 de abril, había más de 79,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en todo el país. Las autoridades buscan que esta cifra llegue a los 100,000 entre este y el otro año.
En ese sentido, el acuerdo permite a las fuerzas armadas llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
El decreto publicado ya fue criticado por la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, quien expresó que con esta medida el Ejército y la Marina podrán vigilar y detener, personas, operativos a nivel municipal y detener migrantes.
Mientras que el activista, Alfredo Lecona expresó que el acuerdo no solo es inconstitucional, sino también es contrario al derecho interamericano.
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