En el segundo semestre de 2018, última etapa de Enrique Peña Nieto al frente del Gobierno de México, dos proveedores de la Policía Federal desviaron 40 millones de dólares del presupuesto de la corporación a una red de compañías en muchos casos inexistentes o sin actividad, de acuerdo con una investigación de El País y Univisión.
Fueron Servicios Esrome y Comercializadora Dizoal los que “firmaron tres contratos por 774 millones de pesos para la adquisición de sistemas de monitoreo de redes sociales e intercepción de llamadas. Esrome y Dizoal debían usar el dinero para comprar los productos a firmas israelíes, pero en realidad mandaron casi todo —algo más de 768 millones de pesos— a otras empresas, que a su vez lo mandaron a otras compañías, la mayoría en México”, señala el texto La pirámide: así desviaron 40 millones de dólares del presupuesto de la Policía Federal en los últimos seis meses del Gobierno de Peña Nieto, firmado por Pablo Ferri.
“En octubre, El País informó de que Esrome y Dizoal eran en realidad empresas fachada, creadas el mismo día ante el mismo notario del municipio de Chalco, en el Estado de México. Las personas que aparecen en las actas de constitución de estas dos empresas son en realidad adultos mayores, vecinos de pueblos de clase baja del área metropolitana de Ciudad de México”, recuerda el diario español.
En 2019, cuando Peña Nieto ya había dejado su cargo, auditores se reunieron varias veces con representantes de Dizoal y Esrome. Ahí se les cuestionó sobre los pagos irregulares. En ambos casos se negaron los hechos.
“Este esquema de desvío detectado en la Policía Federal no es el único asociado a la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional durante los años de Peña Nieto. En julio, El País informó de un presunto desfalco de 7,8 millónes de dólares cometido por funcionarios de la vieja Fiscalía en 2013 y 2014, cuando el titular era Jesús Murillo Karam. El dinero salió de esa misma partida. Los Gastos de Seguridad Pública y Nacional son una de las partidas más oscuras del presupuesto. En teoría, su uso está acotado a investigaciones delicadas, para evitar que policías, militares, marinos o fiscales se pongan en riesgo justificando los gastos de manera tradicional, con facturas. La ley prevé controles para esta partida, pero la Administración anterior aumentó su uso de manera exponencial, dificultando la tarea de los órganos fiscalizadores”, escribe Pablo Ferri.
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